Las
organizaciones civiles y personas que participamos en esta Cumbre Ciudadana
compartimos la siguiente visión para construir un México pacífico y justo:
Un
México integrado por una ciudadanía articulada y responsable, que participa en
la construcción del país que desea en corresponsabilidad con el gobierno y los
partidos políticos; donde los espacios de diálogo plural entre las y los
ciudadanos de todos los ámbitos de la vida nacional enriquecen la vida pública
con propuestas y acciones concretas para transformar al país y donde las
Organizaciones de la Sociedad Civil son reconocidas como interlocutoras
relevantes para la toma de decisiones de política pública.
Un
México donde toda la ciudadanía accede a los mismos derechos y obligaciones; en
el cual existe un Estado de Derecho basado en instituciones confiables y debido
proceso en la impartición de justicia, donde la confianza de la ciudadanía en
sus instituciones se nutre del acceso pleno a la información pública, la transparencia
y la rendición de cuentas.
Un
Estado con democracia participativa que funciona para satisfacer las demandas
ciudadanas y para resolver los grandes retos del país con profesionalismo,
participación ciudadana y pleno respeto a los derechos humanos.
Un
México sin pobreza, que crece en oportunidades de empleo digno y generación de
ingresos, donde el desarrollo es sustentable y equitativo porque no compromete
las oportunidades de futuras generaciones y se traduce en mejoras en la calidad
de vida de todas las personas en México, con énfasis en los grupos en
situaciones de vulnerabilidad como la infancia, migrantes, mujeres, indígenas,
personas con alguna discapacidad, adultos mayores, jóvenes y la comunidad
LGBTTTI, garantizando el acceso a la salud, la vivienda digna y a la educación
de calidad como derechos inalienables.
Un
México libre de miedo y violencias, en todas sus formas, incluyendo la
estructural, la intrafamiliar, la generada por la delincuencia organizada y la
que genera el Estado en sus acciones para combatirla.
Un
México en paz, donde la convivencia entre la ciudadanía está basada en el
respeto mutuo, la colaboración, el diálogo y el abordaje pacífico de los
conflictos.
A
continuación le presentaremos los resultados priorizados de los siete ejes
temáticos:
1. FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
A. Armonizar y homologar el
marco fiscal y demás ordenamientos jurídicos con la Ley de Fomento para
facilitar la creación, desarrollo y sostenibilidad de las OSC.
B. Que
los contribuyentes decidan un porcentaje de sus impuestos para ser destinados a
una organización de la sociedad civil de su preferencia y que el Sistema de
Administración Tributatia elimine el límite de 7% de deducibilidad por
donativos.
C. Incrementar
progresivamente el presupuesto destinado a apoyar a las Organizaciones de la
Sociedad Civil, mediante fondos concursables y sujetos a reglas de operación
transparentes y con mecanismos de rendición de cuentas.
2. REFORMA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
A. Que
el financiamiento a los partidos políticos corresponda a la cantidad de votos
válidos obtenidos, independientemente del número de ciudadanos registrados en
el padrón electoral.
B. Reelección
consecutiva de legisladores y acotada a un segundo periodo en el caso de los
presidentes municipales y jefes delegacionales.
C. Reformar
el marco jurídico que rige a los partidos políticos garantizando que:
I.
Los partidos sean sujetos obligados de transparencia y rendición
de cuentas.
II.
Creación
de partidos políticos a nivel local y municipal.
III.
Reducción
del porcentaje para creación de nuevos partidos.
3. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS.
A. Expedir
una Ley General de Transparencia y Acceso a la información en la que se
establezca la regulación mínima que deberán observar las instituciones públicas
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de
gobierno, los órganos constitucionales autónomos y las entidades de interés
público.
B. Adoptar una política pública de
rendición de cuentas que contemple el diseño institucional; los sistemas de
gestión pública y la participación ciudadana, de conformidad con las 18
propuestas consensadas por las 60 instituciones que integran la Red por la
Rendición de Cuentas.
C. Realizar
una reforma legislativa que limite los monopolios en los medios de comunicación
y las telecomunicaciones, fomente el pluralismo con medios públicos, indígenas,
sociales y comunitarios, la transparencia y la calidad de contenidos en los
medios de comunicación.
D. Garantizar
el acceso universal a la banda ancha y la neutralidad de la red así como una
política integral de televisión digital que garantice el acceso y
redistribución del nuevo dividendo digital permitiendo la inclusión de nuevos
actores.
4. INCLUSIÓN SOCIAL Y COHESIÓN COMUNITARIA.
A. Generar mecanismos de acción
pública, privada y civil -universal y focalizada- que incluyan la participación
de las diferentes comunidades para fomentar la inclusión social y cohesión
comunitaria.
B. Desarrollar una política de
Estado plural, transversal, con perspectiva de derechos humanos y juventudes
para atender las necesidades de esta población, que contemple la participación
activa de sus destinatarios.
C. Creación de una instancia
rectora de políticas públicas, con presupuesto suficiente, para la protección
de los derechos de la infancia –bajo el estándar de la convención sobre los
derechos del niño- acompañada de un marco jurídico que garantice el cumplimiento
de los derechos de esta población.
5. EDUCACIÓN DE CALIDAD
A. Impulsar a todas las
personas, a partir de la educación (formal y no formal) a construirse como
ciudadanos y ciudadanas y seres humanos integrales con los cuatro saberes:
saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Fortaleciendo las habilidades artísticas,
deportivas, sociales y de participación cívica, desde un enfoque de educación
para la paz y los derechos humanos, que prevenga problemáticas de conducta y
convivencia violenta como el bullying. Así como enriquecer el plan escolar de
los centros educativos revalorizando la interculturalidad a partir del respeto y la tolerancia a la diversidad
cultural y al medio ambiente.
B. Derogar las normas que dan al
SNTE control de las plazas docentes e instituir un servicio de carrera basado
en el desempeño y capacidad que reconozca a maestros, directores y supervisores
como servidores públicos. Así como crear una nueva relación laboral entre
Estado y trabajadores de la educación: justa, transparente y democrática.
C. Que el maestro/a tenga la formación, capacidades y
competencias, para que:
I.
Tenga
en cuenta el contexto, el nivel de cada
alumno/a y genere un aprendizaje con equidad social,
II.
Sea
el gestor de una educación basada en procesos con indicadores cualitativos y
cuantitativos, sepa aprovechar el uso de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación con acceso al conocimiento y recursos educativos abiertos y de
dominio público.
6. EMPLEO DIGNO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE.
A. Una reforma fiscal que
simplifique su régimen, que considere impuestos progresivos, que incremente la base de contribuyentes y
que genere mecanismos de fiscalización que reduzcan drásticamente la evasión.
B. Promover una reforma laboral
que fomente la productividad, justicia social y la democracia sindical con la
garantía del pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores.
C. Vincular las políticas para abatir la pobreza, creando
programas sociales vinculados a programas laborales, capacitación técnica
intensiva y hacer eficientes los sistemas de financiamiento para que la
población en condición de pobreza invierta en el desarrollo de actividades
productivas viables en el ámbito local.
7. SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS
HUMANOS.
A. Generar
una estrategia para que la seguridad pública sea administrada por cuerpos y
elementos de seguridad preparados para esas funciones, creando una Auditoría
Civil para esta materia como parte de la función de fiscalización de los
órganos legislativos.
B. Hacer
efectiva una política nacional de derechos humanos, de conformidad con la
reforma constitucional en la materia, incluyendo
mecanismos que garanticen su aplicación.
C. Revisar la política de drogas
en el país dado el impacto que tiene en la delincuencia organizada y la
seguridad pública.
Organizaciones de la Sociedad
Civil
Firmantes de la Declaración
de la Primer Cumbre Ciudadana
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