22 de mayo de 2012

PRONUNCIAMIENTO PRIMER CUMBRE CIUDADANA


Las organizaciones civiles y personas que participamos en esta Cumbre Ciudadana compartimos la siguiente visión para construir un México pacífico y justo:

Un México integrado por una ciudadanía articulada y responsable, que participa en la construcción del país que desea en corresponsabilidad con el gobierno y los partidos políticos; donde los espacios de diálogo plural entre las y los ciudadanos de todos los ámbitos de la vida nacional enriquecen la vida pública con propuestas y acciones concretas para transformar al país y donde las Organizaciones de la Sociedad Civil son reconocidas como interlocutoras relevantes para la toma de decisiones de política pública.

Un México donde toda la ciudadanía accede a los mismos derechos y obligaciones; en el cual existe un Estado de Derecho basado en instituciones confiables y debido proceso en la impartición de justicia, donde la confianza de la ciudadanía en sus instituciones se nutre del acceso pleno a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas.

Un Estado con democracia participativa que funciona para satisfacer las demandas ciudadanas y para resolver los grandes retos del país con profesionalismo, participación ciudadana y pleno respeto a los derechos humanos.

Un México sin pobreza, que crece en oportunidades de empleo digno y generación de ingresos, donde el desarrollo es sustentable y equitativo porque no compromete las oportunidades de futuras generaciones y se traduce en mejoras en la calidad de vida de todas las personas en México, con énfasis en los grupos en situaciones de vulnerabilidad como la infancia, migrantes, mujeres, indígenas, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, jóvenes y la comunidad LGBTTTI, garantizando el acceso a la salud, la vivienda digna y a la educación de calidad como derechos inalienables.

Un México libre de miedo y violencias, en todas sus formas, incluyendo la estructural, la intrafamiliar, la generada por la delincuencia organizada y la que genera el Estado en sus acciones para combatirla.

Un México en paz, donde la convivencia entre la ciudadanía está basada en el respeto mutuo, la colaboración, el diálogo y el abordaje pacífico de los conflictos.

A continuación le presentaremos los resultados priorizados de los siete ejes temáticos:

1.    FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

A.   Armonizar y homologar el marco fiscal y demás ordenamientos jurídicos con la Ley de Fomento para facilitar la creación, desarrollo y sostenibilidad de las OSC.

B.    Que los contribuyentes decidan un porcentaje de sus impuestos para ser destinados a una organización de la sociedad civil de su preferencia y que el Sistema de Administración Tributatia elimine el límite de 7% de deducibilidad por donativos.

C.   Incrementar progresivamente el presupuesto destinado a apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante fondos concursables y sujetos a reglas de operación transparentes y con mecanismos de rendición de cuentas.


2.    REFORMA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A.   Que el financiamiento a los partidos políticos corresponda a la cantidad de votos válidos obtenidos, independientemente del número de ciudadanos registrados en el padrón electoral.

B.    Reelección consecutiva de legisladores y acotada a un segundo periodo en el caso de los presidentes municipales y jefes delegacionales.

C.   Reformar el marco jurídico que rige a los partidos políticos garantizando que:

                    I.        Los partidos sean sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas.

                  II.        Creación de partidos políticos a nivel local y municipal.

                 III.        Reducción del porcentaje para creación de nuevos partidos.


3.    TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS.

A.   Expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la información en la que se establezca la regulación mínima que deberán observar las instituciones públicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, los órganos constitucionales autónomos y las entidades de interés público.

B.    Adoptar una política pública de rendición de cuentas que contemple el diseño institucional; los sistemas de gestión pública y la participación ciudadana, de conformidad con las 18 propuestas consensadas por las 60 instituciones que integran la Red por la Rendición de Cuentas. 

C.   Realizar una reforma legislativa que limite los monopolios en los medios de comunicación y las telecomunicaciones, fomente el pluralismo con medios públicos, indígenas, sociales y comunitarios, la transparencia y la calidad de contenidos en los medios de comunicación.

D.   Garantizar el acceso universal a la banda ancha y la neutralidad de la red así como una política integral de televisión digital que garantice el acceso y redistribución del nuevo dividendo digital permitiendo la inclusión de nuevos actores.


4.    INCLUSIÓN SOCIAL  Y COHESIÓN COMUNITARIA.

A. Generar mecanismos de acción pública, privada y civil -universal y focalizada- que incluyan la participación de las diferentes comunidades para fomentar la inclusión social y cohesión comunitaria.

B.    Desarrollar una política de Estado plural, transversal, con perspectiva de derechos humanos y juventudes para atender las necesidades de esta población, que contemple la participación activa de sus destinatarios.

C.   Creación de una instancia rectora de políticas públicas, con presupuesto suficiente, para la protección de los derechos de la infancia –bajo el estándar de la convención sobre los derechos del niño- acompañada de un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los derechos de esta población.


5.    EDUCACIÓN DE CALIDAD

A.   Impulsar a todas las personas, a partir de la educación (formal y no formal) a construirse como ciudadanos y ciudadanas y seres humanos integrales con los cuatro saberes: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir.  Fortaleciendo las habilidades artísticas, deportivas, sociales y de participación cívica, desde un enfoque de educación para la paz y los derechos humanos, que prevenga problemáticas de conducta y convivencia violenta como el bullying. Así como enriquecer el plan escolar de los centros educativos revalorizando la interculturalidad a partir  del respeto y la tolerancia a la diversidad cultural y al medio ambiente.

B.   Derogar las normas que dan al SNTE control de las plazas docentes e instituir un servicio de carrera basado en el desempeño y capacidad que reconozca a maestros, directores y supervisores como servidores públicos. Así como crear una nueva relación laboral entre Estado y trabajadores de la educación: justa, transparente y democrática.

C.   Que el maestro/a  tenga la formación, capacidades y competencias, para que:

                    I.        Tenga en cuenta  el contexto, el nivel de cada alumno/a y genere un aprendizaje con equidad social,

                  II.        Sea el gestor de una educación basada en procesos con indicadores cualitativos y cuantitativos, sepa aprovechar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación con acceso al conocimiento y recursos educativos abiertos y de dominio público.

           
6.    EMPLEO DIGNO Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

A.   Una reforma fiscal que simplifique su régimen, que considere impuestos progresivos,  que incremente la base de contribuyentes y que genere mecanismos de fiscalización que reduzcan drásticamente la evasión.

B.    Promover una reforma laboral que fomente la productividad, justicia social y la democracia sindical con la garantía del pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores.

C.   Vincular las  políticas para abatir la pobreza, creando programas sociales vinculados a programas laborales, capacitación técnica intensiva y hacer eficientes los sistemas de financiamiento para que la población en condición de pobreza invierta en el desarrollo de actividades productivas viables en el ámbito local.


7.    SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS.

A.  Generar una estrategia para que la seguridad pública sea administrada por cuerpos y elementos de seguridad preparados para esas funciones, creando una Auditoría Civil para esta materia como parte de la función de fiscalización de los órganos legislativos.

B. Hacer efectiva una política nacional de derechos humanos, de conformidad con la reforma constitucional en la materia, incluyendo mecanismos que garanticen su aplicación.

C.   Revisar la política de drogas en el país dado el impacto que tiene en la delincuencia organizada y la seguridad pública.

Organizaciones de la Sociedad Civil
Firmantes de la Declaración de la Primer Cumbre Ciudadana